Durante su mensaje, Armenta insistió en que el proyecto es parte de un plan de movilidad urbana y beneficio social, destinado a mejorar la conectividad y reducir tiempos de traslado. Sin embargo, no se presentaron detalles claros sobre financiamiento, contratos, adjudicaciones ni supervisión de proveedores, lo que deja espacio a la interpretación y al cuestionamiento público.
Expertos en transparencia señalan que sin datos verificables, cualquier afirmación oficial puede resultar insuficiente para disipar dudas. Los antecedentes de proyectos anteriores, como la Ruta, donde surgieron acusaciones de posibles irregularidades y beneficios personales de funcionarios, alimentan la desconfianza sobre la gestión actual.
La ciudadanía y organizaciones civiles piden mayor claridad y acceso a información oficial sobre costos, licitaciones y supervisión del Cablebús, para evitar repetir los errores del pasado y garantizar que el proyecto cumpla realmente con fines públicos.
Hasta el momento, el gobierno estatal no ha presentado documentos que respalden la afirmación de que el Cablebús “no es un negocio personal”, lo que mantiene viva la pregunta: ¿es transparencia real o solo una declaración más para la prensa?
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